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Editorial de La Nación, Lunes 12 de Julio de 2010

Matrimonio homosexual: ante una enorme responsabilidad


Al votar un proyecto tan cuestionado, los senadores deberían seguir el dictado de sus conciencias y no las órdenes partidarias


Con la perseverancia y el apasionamiento que suelen reservarse para la defensa de las grandes causas, el Gobierno ha salido a intentar provocar otra profunda división en la sociedad argentina.
Ha resuelto, en efecto, que, como si se hubiera tratado de alcanzar al fin la victoria por la cual el peronismo hubiera luchado toda la vida, la Argentina debe modificar las raíces del régimen matrimonial. Es decir, echar abajo, como consecuencia de la aceptación legal del matrimonio entre personas de igual sexo, una institución que tiene siglos de existencia.

Que varios países, representativos del cuatro por ciento de la población mundial, lo hayan hecho no autoriza a tomar ese camino. No ha sido la religión, sino la naturaleza la que introdujo en el sistema de valores de innumerables civilizaciones la idea de que el matrimonio legislado por la ley ha de ser entre un hombre y una mujer.

La cuestión que se debate hoy en la Argentina y tocará su punto culminante pasado mañana, en el Senado de la Nación, es ajena a una desconsideración de la homosexualidad. Tanto es así, que no existe un solo impedimento para que un hombre y una mujer de esa tipología contraigan entre sí matrimonio por la ley argentina, incluso para que fecunden hijos protegidos como parte del reconocimiento de aquella condición.

El punto que se discute hoy es si la iniciativa gubernamental que se ventila violenta o no la letra de la Constitución nacional y, en particular, entre otros, los artículos 14 bis, de protección de la familia, y 75, inciso 23, de amparo a los niños. De la mano de la admisión del matrimonio civil entre personas del mismo sexo, viene en el proyecto la facultad de adopción de personas hasta en su versión de adopción plena.

El segundo punto por considerar constituye en sí mismo, a la luz de las experiencias políticas y sociales de momentos de cambios notables en la humanidad, una alerta roja sobre los riesgos que se correrán en esta misma materia en el futuro, de sancionarse la iniciativa impulsada por el Gobierno -y, con nombre y apellido, por el ex presidente Kirchner-, respecto de la educación pública y de la libertad de expresión. Las experiencias de la naturaleza de la que está en debate anticipan que se provocarán, una vez obtenido el reconocimiento legal del matrimonio de personas de igual sexo, imputaciones jurídicas y el silenciamiento, en nombre de la noble causa de la antidiscriminación, contra quienes persistan en opinar en contra de lo que hoy propone el Gobierno. Sobre lo malo, lo peor.

Sobran los remedios en vigor para cubrir los sentimientos y los intereses materiales de personas involucradas en uniones de hecho que nadie tendría el derecho de descalificar, por pertenecer aquellos a la esfera de la intimidad que las protege.

La Corte Europea de Derechos Humanos, foro de decisiones jurídicas irreprochables para las corrientes propiciatorias de aquella modificación a la ley de matrimonio, acaba de dictaminar que los países de esa organización no están obligados al reconocimiento de éste entre personas de igual sexo; es decir, que no caerían por eso en acto de discriminación. Todos los tratados internacionales a los que ha adherido la Argentina y que tienen para los argentinos jerarquía constitucional protegen el matrimonio de acuerdo con la caracterización históricamente aceptada. La Declaración Universal de Derechos Humanos, de 1948, dice que "los hombres y mujeres" tienen derecho a casarse y fundar una familia.

Ningún desinterés entre los tantos manifestados por este gobierno en relación con las instituciones de la Nación ha ido más lejos, por haber ido más al fondo, que el haberse propuesto sacudir la institución madre, básica entre todas, de una sociedad: la familia.

La discriminación consiste en tratar de diferente manera dos situaciones iguales, no dos situaciones distintas. La perpetuación de la especie está en la base del matrimonio y dos personas del mismo sexo no pueden corresponder a ese requisito por razones antropológicas de toda evidencia. El Estado, como se ha dicho, no regula la vida afectiva de las personas; regula una institución que cumple una función social.

Hasta hace cuatro décadas, el matrimonio podía quebrarse por el divorcio contradictorio. A partir de ese momento, se aceptó el divorcio por mutuo consentimiento y, más tarde, se facultó a los divorciados a contraer nuevo matrimonio. No hay objeciones que formular, por cierto, a esa evolución doctrinaria y legal, pero, si se aceptara el matrimonio entre personas del mismo sexo, ¿no sería menos hipócrita y más razonable reducirlo todo a un mero contrato, como si se tratara de un contrato de compraventa o arrendamiento y hasta con plazos para su vigencia? ¿Qué sentido tendría, si no, el matrimonio despojado de su principal razón de ser?

La forma en que acaba de votarse en comisión en el Senado el proyecto en controversia alienta a ensanchar los márgenes de la reacción que se ha condensado en un petitorio de 600.000 personas en contra del matrimonio entre personas del mismo sexo. Se trata de una causa sobre la cual, lo menos que podría decirse, es que resulta temeraria por la velocidad con la que se quieren introducir cambios sustanciales en la cultura social de la Nación.

Los cambios hormonales en la mujer durante y después de la gestación, la doble y diferenciada afectividad del hombre y la mujer en la crianza de los hijos y hasta la evolución psíquica de éstas, según el ámbito en el que se desarrolle, advierten de la enorme responsabilidad que está puesta sobre los hombros de los senadores de la Nación. No habrá disciplina partidaria o de facción política que excuse de cumplir con tamaño compromiso social y responsabilidad cívica.

FUENTE: LA NACION.COM



 

 

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